Si eres directivo o administrador de una empresa sabrás que has asumido una responsabilidad inherente a tu cargo, eres la cabeza visible de tu negocio ante accionistas, acreedores, proveedores, clientes o empleados, y como tal has de tomar decisiones permanentemente, a veces corriendo importantes riesgos. Por ese motivo estás sujeto también a posibles demandas y reclamaciones si en el ejercicio de tu cargo se produce alguna negligencia.
Según la Ley de Sociedades de Capital los administradores deben responder de forma ilimitada, personal y solidaria frente a cualquier reclamación de terceros, incluso con el embargo preventivo de sus bienes. Dicho de otra manera, responden con sus bienes ante una mala gestión.
¿Qué se entiende por una mala gestión?
Pues actuaciones como las que te detallo a continuación, y que son las causas más frecuentes de reclamación:
- Negligencia en la gestión de subvenciones
- Falseamiento de documentación para obtener beneficios por parte de la Administración
- Situación preconcursal de la empresa, es decir, período en el que se ve obligada a negociar el pago de sus deudas con acreedores, paso previo a la declaración de insolvencia.
- Denuncias de empleados por acoso o por discriminación.
En general, cualquier decisión que afecte negativamente a los activos de tu empresa, pueda provocar pérdidas o causar perjuicios a terceros.
Las pymes y sociedades también entran en el lote
No es necesario ser el administrador de una gran empresa para estar expuesto a estos riesgos, las pymes y las sociedades de cualquier ámbito también adquieren una responsabilidad civil que recae en la figura de su directivo. Y aquí entran agrupaciones muy diversas, como son asociaciones, fundaciones e incluso comunidades de propietarios. Tan sólo los clubes de fútbol y el sector financiero aeronáutico se consideran aparte.
Te voy a poner un par de casos reales:
. Una asociación de montañismo organiza una excursión nocturna, en una parte del trayecto el grupo ha de caminar por una vía ferroviaria. El responsable de dicha asociación habla con Renfe para asegurarse de que a la hora en la que van a pasar por este lugar no va a circular ningún tren. Desgraciadamente esto no sucede así y en efecto, el tren pasa en el mismo momento que los excursionistas y se produce el accidente. Dos personas mueren.
. En una comunidad de propietarios se acuerda la realización de unas obras de mejora en el edificio. Durante la ejecución de las mismas un operario se electrocuta y fallece al instante.
¿Quién crees que respondió ante la justicia? Pues efectivamente, el director de la asociación y el presidente de la comunidad de propietarios, respectivamente.
El seguro de responsabilidad civil te protege ante estas contingencias
Para todas estas ocasiones existe el llamado seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, o seguro D&O (directors and officers), que protege tu patrimonio personal y familiar, así como tu imagen, ante reclamaciones como las que he mencionado arriba. Porque no respondes únicamente por tus actos, sino también por
los de otros miembros del órgano de gobierno de la sociedad.
A pesar de todo ello todavía hay gran número de empresas y colectivos reticentes a su contratación, alegando razones como el ahorro de costes o con la creencia de que es poco probable que se encuentren en una situación así, por ser una empresa familiar o de pequeño tamaño. ¿Y si te digo que se ha comprobado que el 90% de las demandas de este tipo proceden de las pyme?
Dependiendo del tipo de póliza que contrates el alcance de las coberturas será mayor o menor, pero hay unas coberturas básicas que evitarán que tengas que recurrir a tu capital privado y a tu patrimonio personal en caso de demanda:
- El pago de los perjuicios económicos causados por actuaciones incorrectas desempeñadas por directivos y altos cargos en el ejercicio de sus funciones.
- Gastos de defensa judicial, investigación y costas judiciales.
- Presentación de fianzas civiles y penales
Opcionalmente puedes añadir coberturas complementarias, como los gastos publicitarios para restituir la imagen y reputación personal, multas y sanciones administrativas, gastos de emergencia y gestión de crisis o supuestos de contaminación.
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